En 1875, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la discriminación racial en el acceso a alojamientos e instalaciones públicas. En los años siguientes, varios afroamericanos demandaron a los negocios que les negaban el acceso a instalaciones segregadas. En 1883, el Tribunal Supremo vio cinco de esos casos y, el 15 de octubre de 1883, anuló la Ley de Derechos Civiles de 1875 en una decisión de 8 a 1 conocida como los Casos de Derechos Civiles.
En los Casos de Derechos Civiles, la Corte sostuvo que la Decimocuarta Enmienda, que fue citada como la autorización constitucional para la Ley de Derechos Civiles de 1875 y que ordena la «igual protección de las leyes», no se aplica a las entidades privadas. Según el Tribunal, la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda sólo se aplicaba a las medidas adoptadas por los gobiernos estatales o a las leyes aprobadas por éstos. Escribiendo para la mayoría menos de veinte años después de la ratificación de la Decimotercera Enmienda, el juez Joseph Bradley cuestionó la necesidad y la conveniencia de las leyes destinadas a proteger a los negros de la discriminación:
«Cuando un hombre ha salido de la esclavitud y, con la ayuda de una legislación benéfica, se ha sacudido los concomitantes inseparables de ese estado, debe haber alguna etapa en el progreso de su elevación en la que tome el rango de mero ciudadano y deje de ser el favorito especial de las leyes, y en la que sus derechos como ciudadano u hombre deban ser protegidos en las formas ordinarias en que se protegen los derechos de otros hombres.»
La decisión del Tribunal Supremo en los Casos de Derechos Civiles eliminó la única ley federal que prohibía la discriminación racial por parte de individuos o empresas privadas, y dejó que los afroamericanos víctimas de la discriminación privada tuvieran que buscar un recurso legal en los insolidarios tribunales estatales. La discriminación racial en la vivienda, los restaurantes, los hoteles, los teatros y el empleo se afianzó cada vez más y persistió durante generaciones. Tuvieron que pasar más de ochenta años para que el gobierno federal volviera a intentar prohibir la discriminación con la Ley de Derechos Civiles de 1964.
